Muerte a tiros en Mirador Sur: exigir justicia al teniente coronel del Ejército

Una noche trágica en el Parque Mirador Sur

El 25 de enero de 2026, una joven de 25 años, Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, perdió la vida en el Parque Mirador Sur del Distrito Nacional. Su muerte, causada por un disparo, se convirtió en un foco de indignación cuando el teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez del Ejército fue acusado del crimen. Hoy, la familia exige que el caso no quede impune y que el militar enfrente una sentencia de 30 años de cárcel.

Demanda familiar y la trama legal

El 28 de abril, en el Palacio de Justicia, la familia se manifestó pediendo que la acusación no se quede atrasada. “Que no quede impune” afirmaban, resaltando la tardía sometimiento de las conclusiones investigativas por parte del Ministerio Público. Según ellos, si la acusación hubiera sido presentada inmediatamente, la víctima habría sido condenada.

Revisión de la prisión preventiva

El abogado Hansel Martínez explicó que el imputado tenía una revisión de la medida de coerción relacionada con su prisión preventiva. Cuando se formalizó la acusación, la revisión quedó sin efecto. Este punto agrava la preocupación de la familia y de la comunidad de Peralta, que teme que el proceso se alargue y se vuelva más burocrático.

El acusado y su versión

Céspedes Valdez sostiene que el disparo fue un accidente. Según él, la joven era su pareja y el tiro se produjo tras una discusión. Sin embargo, la autopsia realizada para esclarecer el caso contradictorios las alegaciones del militar, confirmando la naturaleza homicida del hecho.

Contexto y repercusión

La muerte de la joven y la acusación posterior reflejan un patrón creciente de violencia intrafamiliar y la posible impunidad de las fuerzas armadas. Los medios nacionales han marcado este episodio como un llamado urgente a la revisión de los protocolos de uso de la fuerza dentro del Ejército.

Proyección de la sentencia

Las autoridades judiciales, a la luz de la condena propuesta de 30 años, estarán evaluando la gravedad del delito, la existencia de pruebas y la posible culpabilidad por exceso de fuerza. La sentencia, si se aprueba, podría sentar un precedente en la responsabilidad penal de los efectivos militares.

Conclusión

La decisión final lo determinará el tribunal competente. La Casa de la Justicia y la ciudadanía en general seguirán vigilando de cerca cada paso del proceso, pidiendo transparencia y justicia para la joven y para la comunidad de Peralta.