Leivy Bautista y su esposo demandan a Eduardo Saint‑Hilaire: la polémica que sacude la DCyC

Política dominicana en crisis: la querella de la diputada Leivy Bautista

La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Jean Claude (Lugel Gasile Guelie), presentaron una querella penal con constitución en actor civil a la opinión del comentarista Eduardo Alberto Saint‑Hilaire Ramírez. El origen de la disputa es una serie de declaraciones que la pareja calificó de difamatorias y que vinculan a la on‑line Influencer Alofoke con “actitudes de corrupción” y “adecuación de la política empresarial”. El caso se abre ante la Corte Especial de Puno con el objetivo de proteger la reputación de la familia y de la diputada.

Detalles del proceso legal

- Fecha de presentación: 29 de abril de 2026

- Demandado: Eduardo Alberto Saint‑Hilaire Ramírez, panelista y figura mediática

- Tipo de demanda: Querella penal con constitución en actor civil

- Motivo: Calificados de difamación y reputación pública comprometida por comentarios en redes sociales y programas de televisión

Los documentos de la demanda subrayan que las declaraciones del comentarista propusieron una versión despectiva del nombre “Alofoke” como símbolo de corrupción y participación en actividades ilícitas sin presentar pruebas verificables.

El pedido expone la necesidad de una respuesta judicial formal que permita a la diputada y a su esposo “reparar la imagen que ha sido dañada por la difusión de rumores falsos”. En la parte de la misión del cargo, se argumenta que dicha interferencia en la opinión pública puede tener consecuencias económicas que afectan tanto la reputación personal de La diputada como la percepción externa de la demanda y la confidencialidad del grupo empresarial de la pareja.

Reacciones y posibles impactos

- Reacción de la ciudadanía: Se observa una amplia polarización entre partidarios de la PRM que apoyan la defensa de la reputación y detractores que encuentran la demanda una exageración.

- Respuesta de la comunidad empresarial: Diversas firmas de la Zona Metropolitana han anunciado su incertidumbre sobre la posible repercusión de la acción en la confianza de inversores en la región.

- Analistas políticos: Algunos expertos sugieren que la acusación puede fortalecer la agenda de transparencia de la diputada, activo que ha estado en el centro de la política doméstica en los últimos años. Otros advierten que este conflicto puede distraer la atención de temas económicos prioritarios, como la inflación y la renegociación de tratados comerciales.

El proceso legal está programado para órdenes de prueba en los próximos 15 días. En conclusión, la Independencia de la corte y el futuro de la figura política de la diputada y su familia dependerán de la velocidad de respuesta de la comunidad jurídica y la reacción de los medios.

Conclusión

La demanda plantea una tensión relevante entre los espacios políticos, empresariales y mediáticos en la República Dominicana. A medida que la pretensión judicial se haga oyente, el escenario político seguirá evolucionando con implicaciones que potencialmente son tanto financieras como reputacionales. La situación exige un seguimiento para medir su efecto sobre la confianza de los inversionistas y la estabilidad del mercado interno.